TAL CUAL
PERMISO PARA DETENER, DEPORTAR Y MATAR MIGRANTES EN MEXICO
Luis Carlos Rodríguez González
El mensaje es claro. Nada cambiará en México con el arribo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en la labor de detener, deportar, encerrar en cárceles migratorias incluso a niños, y si es necesario inhibir con masacres como la de 16 guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, en el mes de enero o este fin de semana con el asesinato de una migrante salvadoreña en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías.
Como decía don Jesús Reyes Heroles en política “la forma es fondo”. De que otra forma pueden actuar policías como los de Tulum o de cualquier estado o municipio del país, si desde el gobierno federal se lanza una embestida, disfrazada de operativos “humanitarios, de rescate”, contra los migrantes centroamericanos y caribeños para impedir su entrada y tránsito por México, para con ello evitar su llegada a la frontera con Estados Unidos.
Detener, golpear, abusar de una mujer migrante, que cuatro policías la asfixiaron hasta matarla, es consecuencia de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y México “para ordenar la migración” en la región, que en otras palabras significa que nuestro gobierno siga subordinado a Washington, como en tiempos de Donald Trump, pero ahora a cambios de vacunas contra el Covid-19.
Las imágenes de lo ocurrido el pasado fin de semana en Tulum nos recuerdan el caso de mayo del 2020 en Minneapolis, Estados Unidos, cuando un policía anglosajón asfixió y asesinó al afromericano George Floyd, cuando ya lo tenía sometido. Obviamente acá no pasará nada. Discursos de que no somos iguales, que respetamos los derechos humanos, que no hay racismo y al cabo de una denuncia de corrupción del pasado en la mañanera, todo se olvidará.
La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emitió desde el domingo “su condena” por el crimen de la migrante y la exigencia de castigar a los responsables.
“No somos colonia”, gritarán desde Palacio Nacional cuando alguien cuestione las políticas migratorias para detener y encerrar a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la apuesta y el mensaje del Gobierno de México es claro. Ningún migrante pasará. Ahí está Camargo, ahí está el caso de Victoria Salazar, cuyo único error fue caer en manos de policías municipales que sintieron que era su deber patriótico actuar como Guardia Nacional y detener a los migrantes.
Nadie puede decir que es un caso aislado y que el gobierno de México no viola los derechos humanos de los migrantes. Esta semana, en una bodega acondicionada como cárcel migratoria para niños en Chiapa de Corzo, conocido como Las Mosca, se denunció que el Instituto Nacional de Migración mantiene a casi 400 menores y sus madres hacinados y con riesgos de contagios por Covid-19.
En febrero el Gobierno Mexicano presumió, a través de INM, que en el país ya no se encerraba a los niños, niñas y adolescentes en cárceles migratorias, luego de que se aprobó una reforma que obliga llevarlos a albergues del DIF. Discurso, doble discurso. Ahí están las imágenes, iguales a las cárceles de niños de Donald Trump, de Joe Biden en Estados Unidos. ¿Así o más claro el mensaje en contra de los migrantes en México? Tal Cual.
