The Exodo
A tres años del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que murieron 40 personas en contextos de movilidad y 42 sobrevivieron (27 hombres y 15 mujeres), el ex comisionado del INM, Francisco Garduño continúa libre, las familias de las víctimas y las personas sobrevivientes continúan enfrentando la falta de verdad, justicia y reparación integral.
Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas, al cumplirse tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración (INM), tragedia en la que murieron 40 personas y sobrevivieron 42, sin que hasta ahora haya sentencias firmes ni garantías de no repetición.
Las organizaciones señalaron que, pese a la magnitud del caso, continúan abiertos procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de seguridad privada y otros involucrados, lo que refleja —acusaron— una falta de justicia efectiva para las 82 víctimas.
Asimismo, advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido parcial, mientras que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas formalmente como víctimas, lo que limita su acceso a medidas de reparación.
Expusieron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia.
Las organizaciones insistieron en que el hecho no puede entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención, la criminalización y la contención, que —señalaron— propicia violaciones graves a derechos humanos.
Aunque reconocieron algunos avances, como la disculpa pública ordenada por un juez como parte de la suspensión condicional del proceso para el imputado de mayor rango, consideraron que estas medidas son insuficientes frente a la dimensión del daño.
“No fue solo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida”, enfatizaron las familias y organizaciones acompañantes.
Ante ello, reiteraron sus principales demandas: el esclarecimiento total de los hechos, justicia para todas las víctimas, reparación integral con enfoque de derechos humanos y el reconocimiento pleno de todas las personas afectadas, como condición indispensable para evitar la repetición de una tragedia similar.
Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, lamentó la impunidad en esta tragedia y calificó el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP, como una ofensa para los afectados de la tragedia de 2023.
A diferencia de lo afirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió que la situación jurídica del funcionario estaba resuelta, la Fundación para la Justicia aclara que el proceso penal sigue abierto. Garduño se encuentra bajo un acuerdo de suspensión condicional, sujeto a una revisión clave en septiembre de 2026.
