Luis Carlos Rodríguez González/Enviado
San José del Cabo, Baja California Sur.- Gerardo Vázquez ha sido prácticamente toda su vida un migrante. Nació en una ranchería a una hora de distancia de Iguala, Guerrero de donde emigró hacia esa ciudad para estudiar y trabajar en compañía de su padre y hermanos. Apenas terminó la secundaría y cumplidos los 16 años tomó un autobús para huir de la miseria que acechaba a su familia. Llegó a Nogales para cruzar la frontera norte junto con un primo.
De su cruce como indocumentado prefiere no recordar el viacrucis. Sonriente recuerda que llegó a Arizona y en Tucson encontró trabajo como lavaplatos en un restaurante de comida japonesa. Aprendió pronto los secretos de esa gastronomía, un poco de inglés y su buen carácter le ayudaron a convertirse en chef a los 20 años.
“Era una cadena importante de restaurantes y me enviaron primero a Chicago a abrir como chef principal una sucursal. Ahí estuve varios años y después de mandaron a abrir otro restaurante en Las Vegas. En total trabajé 17 años en Estados Unidos”, recuerda el ahora mesero de un hotel gran turismo de este destino sudcaliforniano.
En ese lapso en Estados Unidos se casó con una chica oriunda de Puerto Rico. No tuvieron hijos. Pero al cabo de los años la relación se deterioró. Tuvieron una riña y su ahora ex esposa lo denunció. El chef guerrerense estaba en trámites para arreglar su residencia. No hizo falta. Fue deportado, como parte de los récords de Barack Obama, hace tres años por la garita de Calexico-Mexicali.
Gerardo formaba parte los alrededor de 800 mil guerrerenses que viven en Estados Unidos de acuerdo a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai) de Guerrero. De esa cifra, una tercera parte nacieron en esa entidad del sur mexicano y el resto son hijos de padre o madre guerrerenses; es decir, son guerrerenses de segunda o tercera generación, hijos de migrantes.
“No conocía a nadie en esa frontera y había perdido ahorros, casa, automóvil y prácticamente dos décadas de mi vida en Estados Unidos. Regrese a Iguala con la idea de reunirme con mi familia. Pensar en que haría en el futuro. Mis primos y hermanos que se quedaron en Estados Unidos me enviaron 3 mil dólares que invertí en un pequeño restaurante de comida oriental”.
Recuerda que por esos días ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala. “Todo el comercio y los negocios vinieron abajo. El desprestigió de la ciudad fue grande. En mi restaurante no se paraban ni las moscas. Yo me acaba de volver a casar, así que vendí lo que pude y alguien me dijo que había oportunidad de trabajo en Los Cabos”.
“Llegue hace casi tres años a San José del Cabo, primero trabaje como albañil por unos meses, después como chef, pero pagan poco. Desde hace dos años trabajo aquí como mesero de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. Me va bien, rento un departamento para mi esposa y mi hija de un año de edad. Se vive aún tranquilo aquí. Incluso un hermano menor que vivía en Iguala ya está trabajando en mantenimiento en un hotel”, comenta Gerardo mientras atiende a los turistas en el bufete de la comida.
“Aquí está llegando mucha gente de Guerrero. Están huyendo ya no sólo de la miseria, ahora también de la grave violencia. Ve uno las noticias y da miedo regresar no sólo a Iguala, también a Chilpancingo o Acapulco. Ve uno la cuota diaria de asesinatos, de secuestros. Se de muchos paisanos de Iguala que después de la tragedia de los normalistas salieron en busca de trabajo y seguridad. Esta de la chingada”, indica el mesero de 38 años mientras mira por la ventana el azul Mar de Cortés.
Comenta que en Baja California Sur, en especial en Los Cabos, encuentras personas que han emigrado de Guerrero, de Puebla, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, del estado de México e incluso de la Ciudad de México. “La mayor parte trabajan en hoteles, en restaurantes, vendiendo artesanía o en la construcción”.
El 90% de los municipios de Guerrero tienen niveles que van de alta a muy alta marginación y eso propicia que el estado ocupe el primer lugar a nivel nacional de migración interna, pues el 74% de las localidades con habitantes indígenas no tienen la capacidad para brindarles alternativas de empleo en su lugar de origen, lo que los orilla a buscar opciones en otras entidades.
En el 2016 emigraron 8,200 personas para trabajar en campos y fincas del norte del país, según el conteo de jornaleros realizado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Michoacán, Guerrero y el estado de México son las principales entidades de procedencia de las personas que migran de manera forzada hacia la frontera norte y otros estados a causa de la violencia y el clima de inseguridad que se vive en sus localidades, señala el informe “Vidas en la incertidumbre: la migración forzada mexicana hacia la frontera norte de México, elaborado por la Coalición pro Defensa del Migrante y American Friends Service Committee-LAC”.
Del 74.5 por ciento de los migrantes desplazados por violencia en México, 41.5 por ciento vivía en Michoacán y 33.3 en Guerrero, añade el informe elaborado en 2016.
En 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expuso que el 39.6 % de la población de Baja California Sur era no nativa del estado, siendo el tercer lugar en todo el país en este sentido, superado sólo por Quintana Roo con el 51.3 % y Baja California con el 44.6 %; esto posiciona a BCS entre los estados con mayor índice de migración a nivel nacional.
En el caso de BCS, se da a conocer también que fue la entidad con la mayor proporción de migrantes recientes a nivel nacional 2014, con el 8.2 %; le siguen Quintana Roo (8 %), y en tercero Colima y Querétaro, ambas con 5.6 %. www.theexodo.com
