Agustín Galo Samario / SomosMass99/The Exodo
Seattle, Estados Unidos.- El jornalero mexicano de 28 años, Ernesto Silva Ibarra, trabajaba hasta hace unas semanas en los campos agrícolas de la empresa Sarbanand Farms, en Sumas, estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá. Un día empezó a sentirse mal y lo reportó a sus patrones quienes hicieron caso omiso. Días después y hasta que la situación fue grave lo llevaron a un hospital local donde estuvo en coma y posteriormente murió. Dejó en la orfandad a tres hijos en México y su esposa.
El caso no habría trascendido a la opinión pública, ni se conocería la grave situación de virtual esclavitud en que sobreviven miles de jornaleros agrícolas mexicanos de no haber sido porque los compañeros de Ernesto empezaron a indagar sobre su muerte y a protestar por las deplorables condiciones de trabajo en dicha empresa y en otras que contratan por temporadas a trabajadores oriundos de México y Centroamérica.
Paradójicamente y frente al discurso patriotero de funcionarios federales mexicanos, gobernadores y legisladores federales en torno a la protección de migrantes ante la ola de xenofobia que ha emprendido el presidente Donald Trump, 82 jornaleros agrícolas fueron despedidos por exigir respeto a sus derechos laborales a la empresa Sarbanand Farms, filial del grupo Manger Farms.
El Consulado de México en Seattle los dejó a su suerte y están a punto de ser deportados. Los 82 jornaleros son oriundos de nueve estados. Los guanajuatenses forman uno de los grupos más numerosos, pero tampoco han recibido apoyo alguno de funcionarios de su estado, informó Maru Mora Villalpando, activista de Latino Advocacy y coordinadora de comunicaciones del sindicato Familias Unidas por la Justicia, agrupaciones que acompañan a los migrantes contratados en Estados Unidos bajo el programa H2-A.
Luego de la muerte de Ernesto Silva Ibarra y por la presión mediática que desató el caso, directivos de Sarbanand Farms accedieron a pagar los cuatro días de trabajo que adeudaban a los jornaleros y les permitieron recuperar las pertenencias que habían dejado al interior de la compañía.
En el contexto de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su reiterado discurso de que deportará a los migrantes mexicanos que se encuentren de manera ilegal, a finales de enero el presidente Enrique Peña Nieto anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que “refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales” y que “los 50 consulados de México (…) se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.
Los días 7 y 8 de abril, como integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios de Guanajuato, Durango, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México viajaron a Los Ángeles, California, donde dieron a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, acordaron crear la Casa México. Iniciativa en que “lo más importante es que cada casa (de atención a migrantes de los estados) podrá atender a mexicanos con un trato de eficacia, de atención ante una situación de emergencia”.
Ahí, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, afirmó que “hoy más que nunca nos unimos todos en la defensa de los migrantes (…) El gobierno del estado está en donde están los guanajuatenses, ustedes nunca estarán solos (…) Hoy Estados Unidos es grande gracias a los migrantes, hay que poner en alto el nombre de nuestro país y de los mexicanos y hacer valer todo lo que hemos dado a este país”.
Sin embargo, ahora que los jornaleros despedidos de Sarbanand Farms viven una emergencia y que llamaron por teléfono al consulado mexicano en Seattle en busca de ayuda, algunos funcionarios acudieron al predio donde instalaron un campamento para no quedar totalmente a la intemperie, pero sólo recabaron algo de información y se fueron.
“Vimos en una noticia que el consulado provee representación legal a los migrantes, pero no es el caso. Sólo vinieron, tomaron datos de los pasaportes o visas, pero no han brindado ninguna asesoría. La organización Comunidad a Comunidad, que dirige Rosalinda Guillén, (el despacho) Columbia Legal Services y Familias Unidas por la Justicia (FUJ), son los que apoyan a los trabajadores”, explicó Maru Mora.
Sarbanand Farms despidió a los jornaleros por protestar por los malos tratos, la comida en mal estado y declararse en paro luego de que Ernesto Silva Ibarra, originario de Nayarit, fue obligado a regresar al trabajo pese a haber informado a la empresa que se sentía enfermo, lo que finalmente agravó su salud.
Relata Maru Mora que, incluso, Ernesto Silva intentó regresar a México por su propia cuenta. Pero en el aeropuerto lo regresaron por no tener sus papeles en regla, tal y como se encuentran muchos de sus compañeros que primero llegaron a California y posteriormente fueron trasladados a Washington para trabajar en Sarbanand Farms, pese a que sus visas se habían vencido.
Ya sin empleo, cuando los jornaleros se enteraron que Ernesto Silva había fallecido y que se encontraban en el limbo, sin papeles y sin dinero, decidieron unirse al sindicato Familias Unidas por la Justicia.
¿Qué sigue?, se le pregunta a Maru Mora en entrevista telefónica. Responde que la lucha contra la filial de Manger Farms, continuará porque lo que pretende la empresa es dar por concluida toda relación con los trabajadores.
“Nosotros trabajamos con ellos por decisión y liderazgo de los propios trabajadores. Querían recuperar sus salarios, sus visas y que la compañía se haga responsable de la muerte de Ernesto. La manera en que los trató la compañía debe ser llevada a juicio en un futuro, por las malas condiciones laborales y por las contrataciones sin visa.
“Lo que decimos es que el programa H2-A es esclavismo legalizado. Queremos derogarlo porque no es para beneficio de los trabajadores sino para las compañías. Debe haber otro programa donde los trabajadores escojan el lugar donde quieren emplearse y que no sean dependientes de condiciones vulnerables”.
La activista sostiene que este caso es histórico, toda vez que lo ocurrido con estos 82 jornaleros no es único. Hay otros casos igual, pero los trabajadores no han respondido de la misma manera por miedo. “Ahora ellos están despedidos, sin visa, con un estatus migratorio fuera de regularidad y la compañía da todo por terminado, pero nosotros no. Presionamos para que las agencias (gubernamentales) del trabajo y de empleo realicen verdaderas investigaciones. La empresa ya había sido revisada recientemente y no hubo resultados, de hecho después de esa investigación se da esta situación.
“Buscamos que en el estado de Washigton no se anuncien las inspecciones, queremos que el propio gobernador (Jay Inlsee) intervenga y que se vean las verdaderas condiciones laborales por las que falleció Ernesto. Para nosotros nada de esto se ha acabado. Aunque los trabajadores agrícolas regresen a México, nosotros seguiremos luchando para que haya cambios laborales”.
Los jornaleros agrícolas de Guanajuato que fueron despedidos por Sarbanand Farms y que se unieron al sindicato Familias Unidas por la Justicia son: Luis Ángel García Servín, Luis Manuel Zavala Mendoza, Jesús Alberto Rodríguez, José Tena García, Ezequiel Jacobo Raya, Aurelio Tena Velázquez, Salvador Medrano Mendoza, José Ezequiel Jacobo Rodríguez, Jesús Tapia Ramírez, Luis Alberto Jacobo Ramírez y Guadalupe Tapia Ramírez. www.somosmass99.com.mx www.theexodo.com.mx
