The Exodo
Los altos niveles de pobreza en América Latina y en especial en México han reabierto el debate de la necesidad de crear la figura del “Ingreso Básico Ciudadano” para equilibrar la desproporcional posesión de la riqueza y otorgar a millones de ciudadanos un apoyo que les permita alimentarse y vivir de forma digna en la región.
Hasta principios de 2017 la pobreza pasó de afectar a 168 millones de personas a 175 millones en Latinoamérica, señaló la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien expuso que hay naciones que situaciones más graves como el caso de Venezuela y Haití.
En México de acuerdo al El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) En 12 años —entre 2008 y 2016—, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas. Con ello y hasta 2017 se contabilizaron a 53 millones 418 mil personas que viven en condiciones de pobreza.
Al respecto la Cepal, el Fondo Monetario Internacional e incluso en México en el Senado de la República, se analizan reformas para crear el llamado “Ingreso Básico Ciudadano” que sería un programa con carácter universal, único, equitativo, progresivo y obviamente blindado de un uso electoral.
Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD, expuso en que el Ingreso Básico Ciudadano no es en forma alguna una política “filantrópica”, de privilegios o asistencial, sino que se constituye como un derecho humano que promueve la igualdad y la equidad en la distribución de la riqueza, al reconocer la aportación de todas las personas para generar la rentabilidad de la inversión productiva.
De acuerdo a la iniciativa el Ingreso Básico Ciudadano funciona como un Impuesto Sobre la Renta negativo, lo que significa que las personas que estén en situación de pobreza alimentaria, y que por tanto tienen un ingreso familiar inferior al básico ciudadano, deberán recibirlo cada mes, el cual sería equivalente a un Salario Mínimo del DF.
Sánchez Jiménez comentó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42 por ciento del valor de la economía mexicana está concentrado en poco más de 200 mil inversionistas, lo que significa que 0.17 por ciento de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional, de manera que el 99.83 por ciento está excluida.
Aseguró que como resultado de la desproporcional posesión de la riqueza que prevalece en nuestro país, es explicable que en 2012 México haya dejado de ser un receptor de capitales productivos para convertirse en un exportador neto de capital, “pues por primera vez en su historia, exportó más inversión extranjera directa de la que recibió”.
Ricardo Fuentes Nieva, Director Ejecutivo Oxfam México, indicó en un artículo para la Revista Forbes que “desde hace siglos hay una idea reverberando en las cabezas de pensadores sociales alrededor del mundo: la idea de una transferencia de efectivo sin condiciones. Algunos lo llaman Ingreso Universal Básico, otros Renta o Dividendo Ciudadano. Pero la idea subyacente es similar: a cada miembro de la sociedad, por este solo hecho, se le ofrece sin ninguna condición una cantidad de dinero necesaria para cubrir necesidades básicas.
El Center for Global Development, un grupo de investigación basado en Washington promovió la idea de transferir los recursos provenientes de la extracción del petróleo directamente a las ciudadanas, quienes después pagarían impuestos sobre esta transferencia y así identificarían cuántos recursos van a las arcas públicas y potencialmente se fortalecería la rendición de cuentas. La idea central era resaltar el trueque entre ciudadanos y Estado a través de los impuestos.
Al respecto, Luis Sánchez Jiménez, expuso que la pobreza por ingresos aumenta porque los salarios no recuperan su nivel adquisitivo como consecuencia del bajo crecimiento económico.
Agregó que a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2014, habrá una cifra de cerca de 61 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, un millón más que hace dos años; mientras que la pobreza multidimensional alcanzará 54.5 millones, 1.2 millones más que en 2012.
El senador por el Estado de México, destacó que se calcula que en México se dejan de recaudar 1.8 billones de pesos por razones de evasión fiscal, pero también, en términos de recaudación, se otorgan 850 mil millones de pesos en subsidios, condonaciones y créditos fiscales a 422 grandes empresas nacionales y extranjeras.
Estas cifras son alarmantes, por lo que a través de este Ingreso Básico Ciudadano se busca atacar la desigual en la distribución del ingreso y corregirla mediante un mecanismo de protección social basado en una política de redistribución de la riqueza promovida desde el Estado, manifestó.
La iniciativa plantea que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá la partida correspondiente a cubrir dicha erogación y el Distrito Federal, los estados y lo municipios no podrán, bajo ninguna modalidad, otorgar derecho que se equipare u homologue al ingreso básico ciudadano, ni se podrán otorgar subsidios o prestaciones sociales que dupliquen o incrementen este derecho.
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