octubre 3, 2024 11:11 am

El 15 de septiembre, último día del plazo, el presidente de la República, y sus partidarios, con 2 millones 400 mil firmas, solicitaron al Senado de la República, una consulta popular para que en las elecciones del 6 de junio de 2021, se le pregunte a la ciudadanía si están o no de acuerdo en que las autoridades sometan a juicio a los expresidentes de la República, del PRI: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto, y del PAN: Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.

En la solicitud del presidente, es notoria una gran contradicción, pues al argumentar que los expresidentes fueron los responsables de la corrupción y la inseguridad que se vivió entre 1988 y 2018 en México, al mismo tiempo López Obrador afirma que no está de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes. Entonces de qué se trata? De hacer justicia? O de hacer propaganda política?, destacó la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz.

Dijo que el presidente argumenta que la consulta popular es un acto de democracia para que las instituciones queden libres de toda mancha de impunidad, ante quienes en su exposición de motivos señala como corruptos y causantes de la pobreza y la inseguridad en México.

En mi carácter de Secretaria General del PRD, hago un recordatorio que en reiteradas ocasiones hemos insistido en que la ley no se debe someter a consulta. Si el presidente de la República tiene elementos suficientes para acusar a los expresidentes, está obligado a proceder conforme a la ley, y denunciar ante la Fiscalía General de la República a los expresidentes que él considera corruptos.

Hemos dicho que el PRD no solapa ni solapará a ninguna persona a la que se le compruebe que cometió el delito de corrupción. Pero cada individuo sospechoso tiene derecho a un juicio penal en el marco constitucional de la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

Por esas razones, le hago un exhorto a Andrés Manuel López Obrador, para que si tiene pruebas de la corrupción de los expresidentes, que le ordene al Consejero Jurídico de la presidencia que presente las denuncias correspondientes, de lo contrario caerá en la posición de ocultar información, proteger a los expresidentes y solapar la impunidad de quienes en reiteradas ocasiones a señalado de corruptos.

Por lo tanto, el C. Presidente de la República debería instruir a su Consejero Jurídica que proceda a:

1. Presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda a las investigaciones correspondientes en defensa de los intereses de la nación. Y,

2. Que instruya a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a que coadyuve con la FGR para investigar a los expresidentes antes, durante y después de sus gestiones presidenciales.

Si el actual presidente de la República de verdad está en contra de la corrupción, no debería distraer la atención de la gente en una solicitud de consulta popular, cuando en sus manos está hacer justicia, en caso de que los expresidentes del PRI y del PAN hayan cometido actos de corrupción.

Señaló que en sus manos está hacer justicia, porque tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar el juicio político en contra de los expresidentes, y tiene a su disposición los elementos suficientes para encauzar las denuncias penales y las investigaciones financieras necesarias.

Si en las manos presidenciales está el hacer justicia, la consulta popular que solicita al senado de la República con su explícita posición de estar en contra de enjuiciar a los expresidentes, queda reducida a una maniobra para mantener en la impunidad a quienes señala de corruptos y para hacer simple propaganda que le permita ayudar a su partido Morena a ganar en las elecciones del 2021.

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