Foto: Rubén Figueroa
Diego Rodríguez/The Éxodo
En medio de gritos de “¡Viva México!” y cantando el himno nacional, el 18 de enero del 2019 un millar más de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños cruzaron el Río Suchiate y fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la garita fronteriza de La Mesilla con la promesa presidencial de otorgarles visas, apoyos, respeto a sus derechos y hasta trabajo en el Tren Maya o cultivando árboles en el Programa Sembrando Vida.
Pedro, migrante e indígena guatemalteco, estaba emocionado con la bienvenida y las promesas del presidente López Obrador que terminaban con la política de detención y deportación de los programas Plan Mérida y Frontera Sur que criminalizaron la migración y privilegiaron las deportaciones en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.
A mediados de enero de ese 2019, en los primeros días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Tenemos que ser respetuosos de la libertad, si (los migrantes) se introducen a nuestro territorio, vamos a garantizarles protección en sus derechos humanos”, dijo durante una conferencia mañanera a mediados de enero del 2019. El presidente mexicano reiteró en abril que daría empleos para miles de migrantes en la construcción del Tren Maya y en el Programa Sembrado Vida.
En mayo de ese 2019 cuando Pedro caminaba con otros 30 migrantes guatemaltecos y salvadoreños por una carretera rumbo a Tenosique, fue detenido, golpeado y deportado por los mismos elementos del INM y militares. Ahí terminó su sueño americano e inició su pesadilla mexicana, con un encierro de más de cuatro meses en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.
Las primeras detenciones y deportaciones con lujo de violencia a cargo de militares, de la Guardia Nacional y de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) tuvieron su reconocimiento inmediato. El presidente Donald Trump reconoció el trabajo de López Obrador y publicó en Twitter el 2 de abril: “Después de muchos años, México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur”.
Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña y en los primeros meses de su gobierno de ofrecer empleo, visas y respeto a sus derechos humanos se quedaron en el discurso, se esfumaron junto con la creciente militarización de la frontera sur, la habilitación de la Guardia Nacional como muro fronterizo o Border Patrol mexicana, el crear la primera ciudad cárcel migratoria en Tapachula e incluso decisiones extremas y violatorias de los derechos humanos y libre tránsito de por orden presidencial prohibir que los migrantes puedan viajar en autobuses foráneos lo que ha derivado en el fortalecimiento de las redes de traficantes y tragedias como la ocurrida en Chiapas con 54 personas fallecidas.
Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo a The Exodo que lo ocurrido en Chiapas, donde al menos 55 migrantes guatemaltecos fallecieron en un accidente cuando viajaban en un tráiler, es consecuencia de la militarización de la ruta migratoria que obliga a centroamericanos y caribeños a caer en manos de traficantes, sumado a la corrupción que existe con el llamado Cártel del Instituto Nacional de Migración, donde funcionarios están involucrados con estas redes.
“El gobierno de López Obrador no busca una migración segura y ordenada como promete en sus discursos. El Estado obliga a una migración traficada, que vulnera y asesina a seres humanos”, apuntó.
La directora de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena Delgadillo indicó a su vez que el discurso presidencial de dar empleos, visas, de respetar los derechos humanos de los migrantes, se da con el acuerdo firmado por el canciller Marcelo Ebrard con el gobierno de Estados Unidos en junio del 2019, lo que derivó en el endurecimiento de la política migratoria mexicana.
En junio del 2019 y previo acuerdo entre los presidentes Trump y López Obrador, frente a las amenazas del primero de imponer aranceles del 5 a productos mexicanos si el gobierno de mexicano no detenía la creciente inmigración. Marcelo Ebrard reveló el 11 de junio que logró un acuerdo y que en 45 días se evaluará si México logró disminuir al flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
“Vimos que desde entonces la migración centroamericana y caribeña empezó a transitar por rutas alternas, más peligrosas, con mayores beneficios al crimen organizado, pero también a funcionarios locales, federales y del INM que están coludidos con estas bandas de coyotes. Se subieron tarifas para el llevar una persona a Estados Unidos y derivaron en tragedias como la ocurrida el pasado jueves en Chiapas, como más de medio centenar de personas fallecidas”, agregó Delgadillo.
Dijo que el gobierno de López Obrador, aunque no lo quiera reconocer, ya tiene graves responsabilidades no sólo en la tragedia del tráiler con más de 50 migrantes fallecidos, sino en el secuestro de decenas de centroamericanos en Tampico o la masacre de 18 guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, así como están documentadas violaciones sexuales a mujeres haitianas, pero no pasa nada, a nadie se investiga, el presidente no reconoce la realidad.
Fernando Santiago Canché, responsable de Asistencia Humanitaria del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, por donde cruza una de las rutas más peligrosas para los migrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, expuso que hay una gran burocracia, con el pretexto de la pandemia, que hace miles de centroamericanos y caribeños esperen a hasta un año para obtener una visa o iniciar un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (Comar).
“Yo creo que ha sido un engaño tremendo para los migrantes y las organizaciones, que dimos el beneficio de la duda al presidente López Obrador. Ahora hay más persecución, más limitaciones para migrar, menos apoyos, más militarización. Ponen programas que atienden a un puñado de migrantes y con ello tratan de justificar y ocultar esta política represiva que es dictada por Estados Unidos”, dijo el activista.
El pasado 23 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió un día antes con empresarios de líneas de transporte de pasajeros y les pidió que no transportarán a migrantes bajo el argumentó de que redes de traficantes estaban utilizando esas líneas para llevarlos al norte del país.
“Son estructuras, organizaciones, tan es así que contratan camiones. Acabamos de tener una reunión ayer con transportistas de México de autobús. Les estamos pidiendo de que nos ayuden porque ellos contratan a sabiendas de que es ilegal. Estamos hablando de empresas del transporte de México, nacionales las empresas de transporte que se dedican a trasladar a migrantes”, señaló en la mañanera.
Ana Lorena Delgadillo, dijo esta orden presidencial que han asumidos las líneas de autobuses es una violación al libre tránsito, a la Constitución, porque están pidiendo a quienes abordan esos vehículos su identificación, lo cual no sólo afecta a los migrantes y a los propios mexicanos, además que ha derivado en tragedias como la de Camargo y la de Chiapas, porque los centroamericanos y haitianos están buscando rutas alternas y cayendo en manos de traficantes.
