mayo 27, 2024 12:23 pm

The Exodo
Organizaciones no gubernamentales y activistas señalaron que los calificados por las autoridades como “accidentes viales” donde cada año mueren cientos de migrantes en México son consecuencia de las políticas migratorias instrumentadas en México como la militarización, deportaciones masivas, lo que los orilla a utilizar rutas inseguras y caer en manos de traficantes o polleros.
Asimismo, por decretos o decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la de ordenar a los concesionarios del transporte foráneo de pasajeros en junio del 2019, no permitir que migrantes utilicen ese medio de transporte, lo cual los obliga a contratar “polleros” o utilizar rutas más peligrosas, incluso en lanchas costeras, lo que deriva en lo que se califica de “accidentes”.
Después del “accidente” del 7 de febrero en Pesquerías, Nuevo León, en el que 14 personas fallecieron, al menos, 5 de ellas eran migrantes de origen guatemalteco, argumentaron que no pueden calificarse así “cuando sabemos que detrás de ellos hay negligencia y políticas migratorias que orillan a las personas migrantes a trasladarse por rutas inseguras y recurriendo a “polleros” que los exponen a la muerte en vehículos en malas condiciones.
“Recordemos que hace 14 meses, 56 personas migrantes perdieron la vida en otro “accidente” que tuvo lugar en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021, y que ahí mismo 50 más sufrieron heridas. Por este incidente, en el que videos demostraron que el camión pasó por retenes de autoridades migratorias acompañadas de guardias nacionales, no hay ni un solo responsable. Ni uno”.
La Fundación para la Justicia (FJEDD), Sin Fronteras IAP, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, La 72 Hogar-Refugio Para Personas Migrante, entre otras organizaciones, señalaron al gobierno de México y los de la región que “las condiciones de militarización para frenar la migración y la inseguridad que impera en los caminos dominados por grupos criminales causan la muerte a un gran número de personas migrantes al año.
Si estos “accidentes” quedan impunes, se propicia su repetición, así que esta tragedia podría no ser la última, por lo tanto, es necesario reconocer los errores, para entonces solo así pretender remediarlos y evitar constantes réplicas de estos eventos atroces en el futuro.
Ante ello, los colectivos Como colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, exigieron a las autoridades mexicanas que los procesos de identificación y restitución de cuerpos de personas fallecidas se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándaresinternacionales y aplicando en lo conducente, el protocolo de notificación y restitución de restos de la Comisión Forense.
Cubrir los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, consultando con ellas, no imponiendo ninguna acción.
“Se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias en los procesos de verdad, justicia y reparación y se garantice el acceso a la justicia mediante mecanismos transnacionales, en el caso de que las víctimas directas e indirectas se encuentren fuera del país”, entre otras.
Se llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dicte medidas a todas las autoridades responsables, para que se garantice lo aquí solicitado y funja como institución vigilante de que no se violen los derechos humanos de las familias.

 

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