- Urge revisar el marco jurídico en la materia, las políticas públicas y estrategias en los planteles educativos, señala
Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado reconoció que las niñas, los niños y jóvenes de nuestro país requieren de manera inmediata acciones en materia prevención del acoso, maltrato y violencia escolar, para lograr su bienestar personal y el pleno aprovechamiento en los espacios educativos.
Por ello propuso una iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 34 y una fracción IX al artículo 74, de la Ley General de Educación a fin de que se constituya en cada plantel educativo un Comité para la Prevención, Atención y Erradicación del Maltrato, el Acoso y la Violencia Escolar.
Éstos tendrán a su cargo la realización de acciones para la prevención, la atención y la eliminación de los actos de maltrato, acoso y violencia escolar; por lo que conocerán de casos concretos a fin de adoptar e implementar las decisiones que correspondan para su solución.
“Lo que plantea en esta iniciativa, es dar atención primaria a estos casos por parte de órganos escolares integrados de manera diversa, involucrando a todos los actores que intervienen en estos procesos, a través de comités para la prevención, atención y erradicación del maltrato, el acoso y la violencia escolar”.
Estos comités, abundó, serán de prevención, conocimiento y atención de este fenómeno a nivel de cada escuela en lo particular, es decir, será una estructura escolar de composición diversa que, por una parte, genere cohesión y corresponsabilidad entre quienes los integran y, por otra, anule la posibilidad de que los casos que se pongan en su conocimiento se puedan dejar de lado o sean objeto de omisión por quienes tienen la obligación de solucionarlo y, en su caso, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.
Ricardo Monreal recordó que en fechas recientes a través de los medios de información se han dado a conocer casos en los que el denominado bullyIng ha provocado lesiones, inclusive, la muerte de una estudiante, lo cual, dijo, refleja una gravedad tal que urge revisar tanto el marco jurídico en la materia como las políticas públicas y estrategias a nivel de los planteles educativos.
“Algo no está funcionando, no obstante que la normatividad vigente obliga a las autoridades educativas a promover la cultura de la paz y no violencia basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos, así como a realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad”.
En este sentido, el zacatecano aceptó que la realidad ha demostrado que tales disposiciones han sido insuficientes o no han logrado los resultados esperados para se involucren autoridades educativas, docentes, padres de familia y personal de apoyo, en la atención directa a un problema que viene creciendo.
