Hoy se cumple un año de la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023, 40 hombres murieron y 42 personas sobrevivieron al incendio, 27 hombres y 15 mujeres, en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua y hasta la fecha no hay ningún funcionario sentenciado y Francisco Garduño sigue en libertad y no ha sido removido del cargo.
Destacaron una decena de organizaciones no gubernamentales encabezadas por la Fundación para la Justicia que en un análisis expusieron que “se cumple un año de uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante y con necesidades de protección internacional, el incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua”.
A la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable -Francisco Garduño- vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias.
Asimismo, las principales instancias involucradas en los procesos de reparación del daño y acceso a la justicia: el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido omisas e indolentes con todas las personas afectadas, llegando incluso a no reconocer a algunas de ellas como víctimas a pesar de las diversas afectaciones que enfrentan después de la tragedia.
“El INM no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; también ha negociado con gobiernos, representantes de las víctimas, la reparación del daño; y anunciado montos económicos para las familias de los fallecidos –poniéndolas bajo riesgo de extorsión en sus países de origen–, sin ser su facultad, y sin que nadie frene su actuar”, apuntaron.
También la CEAV ha sido laxa en sus responsabilidades dejando al INM los procesos de reparación del daño, cayendo en omisiones dentro de su actuar al no realizar evaluaciones individuales para los procesos de reparación integral del daño, como lo establece la Ley General de Víctimas. La titular, Yuriria
A la fecha, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso; y ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido reconocida como víctima.
Las organizaciones señalaron que la FGR y el PJF han tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal. Actualmente hay once personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex Coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo.
El caso más: “El Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una “solución alterna”, que lo absolverá de cualquier responsabilidad. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria”.
