
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Agricultura y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron la reforma constitucional para la conservación y protección del maíz nativo.
Integrantes de los órganos legislativos, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, así como la senadora Simey Olvera Bautista, respaldaron el proyecto que envió la Cámara de Diputados para reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen plantea que México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.
Todo otro uso del maíz genéticamente modificado, señala el documento, debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de nuestro país y su población.
Además, debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico, así como la promoción de la investigación cientiìfica-humaniìstica, la innovación y los conocimientos tradicionales.
La minuta recibió el respaldo de nueve votos a favor y dos en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales; nueve a favor, dos en contra y una abstención en la Comisión de Agricultura; y nueve a favor en la de Estudios Legislativos Primera.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Agricultura, destacó que esta reforma busca garantizar que el maíz nativo tenga protección constitucional, y “que se blinde contra amenazas que ponen en riesgo su diversidad, su pureza y su futuro”.
Explicó que la protección no sólo es del maíz transgénico o de intereses comerciales de las grandes corporaciones, hablamos, dijo, de que el Estado garantice la seguridad alimentaria del pueblo e impida que se contaminen las semillas nativas.