Tal Cual
Luis Carlos Rodríguez
Las 158 ciudades santuario en Estados Unidos, las cuales se definen según Global Refuge como “una comunidad con una política, escrita o no escrita, que desalienta a la policía local a informar sobre el estatus migratorio de los individuos, a menos que implique la investigación de un crimen grave”, están bajo acecho.
Y que el nuevo gobierno de Donald Trump, que inicia funciones el próximo 20 de enero del 2025, busca doblar a los gobernadores y alcaldes para que dichas “ciudades santuario” dejen de serlo y colaboren totalmente con su política de detenciones y deportaciones masivas que tiene como meta un millón de extranjeros, unos 500 mil de ellos mexicanos.
Es una política “fascista” coinciden activistas y defensores de derechos humanos y de los migrantes en Estados Unidos porque se busca una persecución nacional, con la colaboración de gobernadores, alcaldes, sheriffs y policías locales, no sólo para los que tienen un récord u orden de aprehensión o deportación, sino incluso por el color de la piel o aspecto físico o por no hablar inglés.
Carlos Arango, activista de origen mexicano en Chicago, recordó que las “ciudades santuario” empezaron a declararse en 1975 y son representan una lucha constante por proteger los derechos de los inmigrantes porque ofrecen un refugio contra las políticas de inmigración agresivas y aseguran que estas comunidades puedan prosperar.
Sin embargo, dijo a The Exodo, que lo que pretende el presidente electo, Donald Trump, es desaparecer estos refugios y emprender una persecución en todas estas ciudades con una tradición de resguardo, de apoyo a las familias migrantes, ir contra las iglesias, las escuelas y otros sitios que dan albergue a quienes llegan en busca de trabajo desde México y otros países.
“Es una política fascista, es una amenaza real para cientos de miles de migrantes y lo peor de todo es que el gobierno mexicano no ha sopesado lo que está por ocurrir, no hay recursos suficientes, no hay abogados suficientes, ni se ha iniciado una campaña de difusión sobre estas deportaciones y este acecho en ciudades santuario”, apuntó.
Albert Rivera, director del Albergue Ágape en Tijuana, coincidió con la inacción del gobierno y consulados mexicanos y agregó: El punto principal es que Trump no quiere darles el derecho a los inmigrantes que se legalicen y que tengan la facultad de hacerse ciudadanos y tengan la posibilidad de votar.
También se está perfilando la persecución contra los inmigrantes que tienen hijos que nacieron en Estados Unidos, es decir que son ciudadanos. Para no dividir a las familias quiere deportar a todos, lo cual es ilegal. Ahí necesita dos terceras partes del Congreso. Eso es inviable deportar a un ciudadano estadunidense.
“Es la política del garrote y la zanahoria, presionando con aranceles, con deportaciones, con cerrar la frontera”, indicó.
El problema para México será muy grave, al margen que caerán las remesas y por otro lado muchos deportados buscarán ser beneficiados de programas sociales lo cual pondrá en aprietos al gobierno de Sheinbaum, sumado a que en el Presupuesto de Egresos del 2025 recortaron muchas partidas para la protección consular. Tal Cual.