The Exodo
De la masacre de 72 migrantes a manos del Cártel de Los Zetas en 2010 al incendio del albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron encerrados 40 extranjeros y en donde el titular de esa dependencia, Francisco Garduño, quien debía proteger a los detenidos, se encuentra libre y bajo la protección del gobierno mexicano.
Han pasado 15 años en México y en el tema de la protección de migrantes nada cambia, la corrupción de funcionarios, la impunidad de los grupos delictivos, desde la Guerra contra el Narco de Felipe Calderón, hasta los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, las víctimas siguen siendo las mismas para quienes buscan el sueño americano y se atrevieron a cruzar por México.
Esta falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando (2010); el hallazgo de Fosas Clandestinas con los restos de 195 personas (2011); el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta (Nuevo León, 2012); la masacre de Güemez (2014) y la masacre de Camargo (2021).
Durante el Gobierno de la 4T se instrumentó la política de “abrazos y no balazos” y se optó por la militarización de las rutas migrantes y utilizar a la Guardia Nacional, conformada por más de 100 mil efectivos, en el menos el 30 por ciento de ellos, en labores de contención y detención de migrantes.
El funcionario más impune del obradorismo fue Francisco Garduño, responsable de las estaciones migratorias que fueron convertidas en cárceles, lo que derivó que en el incendio de la estación en Ciudad Juárez, la noche del 27 de marzo de 2023, cuando 67 hombres se quedaron encerrados con el fuego en un centro de detención federal sin que nadie les abriera la puerta. Fallecieron 40 y el resto quedó con secuelas graves.
Garduño, amigo de López Obrador, nunca piso la cárcel e incluso siguió siendo funcionario hasta abril de este 2025 en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ello para gozar de protección del gobierno y financiar con dinero público su defensa legal.
A 15 años de San Fernando, nada cambia, sólo el rostro de los victimarios que pasaron de ser sicarios de cárteles a tener rostro de funcionarios.
La Fundación para la Justicia nació después del caso de la Masacre de los 72 (2010) y el caso de las 48 Fosas Clandestinas de San Fernando (2011).
Aunque hay algunas sentencias, la verdad completa no ha sido esclarecida.
Lo que ocurrió en San Fernando no fue un hecho aislado, fue consecuencia de una violencia sistemática contra personas migrantes.
En Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cuatro de las masacres ocurridas en los últimos 15 años en México en contra de personas migrantes, sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy.
