The Éxodo
En el marco del Día Internacional del Migrante se destacó que en México entre el 1° de enero y el 15 de diciembre de 2025, se registraron, al menos, 98 notas periodísticas con 1,171 víctimas.
De acuerdo con un análisis de la Fundación para la Justicia, de éstas sólo se pudo identificar a 342 víctimas de las cuales 139 (40.6%) son mujeres, 157 (45.9%) son hombres y 46 (13%.4%) son niños, niñas y adolescentes.
En el resto de las víctimas no fue posible identificar su sexo o edad, debido a que la nota no lo mencionaba.
El mes con mayor número de registros de víctimas ha sido septiembre (379), debido a tres hechos en los que se encontraron tráileres con más de 100 migrantes en situación de hacinamiento y abandono.
En cuanto a las violencias cometidas contra las personas migrantes en tránsito por México, del total de hechos identificados en las notas (98), 41.8% reportaron la comisión de secuestros, 14.3% la desaparición de migrantes, 13.3% la ocurrencia de accidentes, 12.2% refirieron el delito de tráfico de personas y 8.2% mencionaron el asesinato de alguna persona migrante.
También fue posible identificar la distribución geográfica de los hechos que reportaron algún tipo de violencia. La mayoría de ellas se concentraron en los estados de Chihuahua (41), Chiapas (20), Baja California (5), Estado de México (5) y Veracruz (5), entidades que forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos.
En cuanto a los países de origen, sólo fue posible identificar la nacionalidad de 689 personas migrantes a partir de la información de las notas registradas.
De ese total, 30.8% provenían de Guatemala, 28.3% eran de origen mexicano, 14.4% eran de origen cubano, 5.4% eran de nacionalidad ecuatoriana y 4.6% de la India. En menor porcentaje también destacan víctimas de origen venezolano, colombiano y haitiano.
Sólo en 58 de los 98 hechos registrados, fue posible identificar a los presuntos perpetradores de las violencias: en 30 se hizo referencia a secuestradores; en 14, a traficantes de personas; en 5, a tratantes de personas; y en menor número a asaltantes, extorsionadores, elementos de la Guardia Nacional, elementos de las policías estatales y municipales, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
