TAL CUAL
Luis Carlos Rodríguez González
La política migratoria que establecerá el nuevo gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre de este 2018 aún es incierta para el medio millón de centroamericanos que cruzan cada año por México en su afán por llegar a Estados Unidos.
Los saldos de los últimos dos sexenios -Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón- para miles de centroamericanos que intentaron el llamado “sueño americano” por la aduana del territorio mexicano son terribles: masacres como la San Fernando con cientos de migrantes ejecutados, México convertido en una gran fosa clandestina donde centenares o miles de extranjeros terminaron en estados como Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Tabasco, entre otros. Extorsiones, secuestros, violaciones.
Detenciones y deportaciones masivas en el actual sexenio de centroamericanos, con récords donde México ya deporta más centroamericanos que el propio gobierno de Donald Trump, ello gracias al Plan Frontera Sur que instrumentó Enrique Peña y que dejó en manos del entonces militante del PRI, Humberto Mayans y quien recientemente fue reclutado por López Obrador a las filas de Morena.
En este contexto, hace un par de semanas, el virtual nuevo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, un ex priísta, ex colosista y ex secretario particular del entonces presidente Vicente Fox, anunció que se creará una “Fuerza de Policía fronteriza altamente especializada”, es decir la versión mexicana de la “Border Patrol” para buscar frenar e inhibir la migración ilegal centroamericana, de drogas y armas.
Aclaró que ello sería parte de un esfuerzo de desarrollo regional mayor para aliviar la pobreza y la violencia que llevan a tantos centroamericanos a cruzar a México. El cuerpo de la policía será considerable, dijo, y se desplegará también en la frontera norte de México.
Ante la ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensa de los migrantes que lamentaron la postura del nuevo gobierno porque provocaría mayor represión, Durazo vía Twitter reculó y aclaró: “La migración es un problema humanitario, no de seguridad. Ninguna policía tendrá responsabilidades vinculadas con migración; esa será tarea del Instituto Nacional de Migración. En la frontera sur apostaremos al desarrollo y a combatir la pobreza, y no reforzar el control policiaco”.
Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, uno de los más críticos ante el anuncio de la “Border Patrol Mexicana”, dijo que a pesar de que Durazo se haya retractado, nos deja en claro su conocimiento erróneo del tema, que no es diferente a lo que hizo la última administración de Peña Nieto en persecución y deportación de gente. No es con la Policía como se debe tratar la migración”.
Una de las propuestas que como oposición realizaron diversos diputados y senadores del Partido del Trabajo y de Morena, como es Layda Sansores, respecto al Instituto Nacional de Migración (INM) fue su desaparición porque dijo “es una cloaca podrida y sin remedio” donde se violan los derechos humanos de los migrantes por lo que propuso crear en su lugar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de los Migrantes.
Nada de ello se ha perfilado en la agenda del nuevo gobierno. Tal vez es prematuro el bordado fino en estos temas tan específicos, pero sí preocupa que un personaje como Alfonso Durazo, que revivirá una super-secretaria de Seguridad Pública, haya realizado una propuesta de la Policía Fronteriza que está más acorde con los dictados y políticas de Donald Trump que con lo que será el primer gobierno de izquierda en México. Tal Cual. www.theexodo.com
