El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, denunció e impidió que una escolta de militares que participaría en los honores a la Bandera en el marco del inició del periodo ordinario de sesiones, ello ante el malestar de legisladores oficialistas.
En un hecho inédito en la historia del Congreso de la Unión y en el marco de un proceso de militarización del país donde las fuerzas castrenses están dedicadas lo mismo al reparto de vacunas, construcción de aeropuertos, labores de seguridad pública, vigilancia del Metro y detención de migrantes, entre otras, el legislador del PAN recordó que por ley no puede entrar nadie al recinto armado.
“Convenimos con la Secretaría de la Defensa (Nacional) el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera”, dijo tajante de la Mesa Directiva.
“Como presidente del Congreso no puedo permitir armas en este Salón de Sesiones que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión, al cual me debo”, respondió el panista ante críticas de los legisladores de Morena.
Santiago Creel, argumentó en rueda de prensa, que los integrantes de la escolta venían armados con fusiles FX-05 calibre 5.56 milímetros y señaló que las leyes parlamentarias señalan que el Salón de Sesiones es inviolable.
“No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro permitir la entrada del personal armado, así sea del Ejército o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego, en el Salón de Sesiones. Si quieren desplegar fuerzas armadas, lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del parlamento, menos en una sesión del Congreso General. No hay un solo argumento que valga para violar la ley”, indicó el ex secretario de Gobernación.
El artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados sostiene: “En el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, el presidente hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes”.
