El 2023 ya es el peor año para los migrantes que cruzan por México, pero también para los mexicanos que buscan el sueño americano, ello por el aumento de la violencia y de políticas de persecución y militarización en ambos lados de la frontera que han derivado en que 40 migrantes centro y sudamericanos murieran en albergue del INM, es decir bajo la custodia del gobierno mexicano, en un incendio, sumado a miles de extranjeros secuestrados, extorsionados, mujeres violentadas sexualmente por el crimen, pero también por funcionarios.
Paradójicamente, el gobierno de la 4T y en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumen una política humanista, cuando han convertido a la Guardia Nacional en el muro fronterizo que le exigió y ordenó Donald Trump, al ser esta policía militarizada, es decir la Border Patrol mexicana, dedicada a hostigar, detener, encerrar y deportar migrantes.
El caso más emblemático del “humanismo impune” es el incendio ocurrido en el albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando ocurrió un incendio donde murieron 40 migrantes. El personal de vigilancia optó por mantener las puertas cerradas y el titular del INM, Francisco Garduño, amigo del Presidente, sigue gozando de libertad, con un proceso penal amañado que lo liberará de la cárcel.
La Guardia Nacional creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de regresar la paz al país y combatir al crimen organizado, en los hechos se convirtió en la versión mexicana de la Border Patrol ya que cuenta con más de 31 mil elementos, más militares, marinos y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) dedicados a la persecución, detención y deportación de extranjeros.
Ello frente a las cifras oficiales del Gobierno de Estados Unidos que indican que la Border Patrol sólo cuenta con 21 mil 370 agentes activos dedicados a la detención de migrantes. Es decir, la versión made in México supera en más de 10 mil elementos a la estadunidense.
En los hechos, la Border Patrol de Estados Unidos tiene un 30 por ciento menos de personal dedicado a contener las oleadas de migrantes y concentran su labor en las fronteras de México y Canadá.
Mientras que la Guardia Nacional, conformada en un 90 por ciento por militares, se encuentra en la frontera sur y norte de México, pero también en estaciones de autobuses, retenes en carreteras, ferrocarriles y en prácticamente toda la ruta migratoria, lo que los ha convertido en el “muro fronterizo” que ordenó construir Donald Trump.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se contempla un gasto millonario para las labores de persecución, detención y deportación de migrantes, frente a sólo poco más de 51 millones de pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que a pesar de la crisis migratoria y la demanda de solicitudes de asilo para más de 150 mil migrantes.
La ola de secuestros imparable e impune. Sólo casos con presión internacional, como la del gobierno de Colombia, son resueltos positivamente, con el controvertido rescate de 31 extranjeros en Tamaulipas, los cuales habían sido secuestros por criminales presuntamente coludidos con policías en un gobierno de Morena que se presume honesto.
El secuestro de migrantes se comete con mayor frecuencia en municipios fronterizos de Tamaulipas y las agrupaciones criminales se llevan de 10 a 15 al día, de acuerdo a activistas y líderes religiosos.
“Se llevan por día de 10 a 15 migrantes que vienen a Reynosa o Matamoros para su cita de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza)”, aseguró el padre Francisco Gallardo López, responsable de la pastoral de movilidad humana de la Diócesis de Matamoros.
Los 31 mil elementos de la Guardia Nacional, sumados a miles de agentes del INM, marinos, soldados y policías estatales y municipales han creado un muro fronterizo militar donde las detenciones se dan lo mismo en carreteras, brechas, en centrales de autobuses, en el tren conocido como “La Bestia” y cualquier transporte público o privado. Los taxistas y las líneas de autobuses tienen prohibido subir a centroamericanos, caribeños o africanos. Como en los tiempos del peor racismo estadunidense.
Se rompieron todos los récords en detenciones y deportaciones en México. Tan sólo el Ejército mexicano rompió su propio récord de captura de migrantes irregulares tan sólo en el primer semestre de 2023. La cifra de detenciones entre enero y junio de 2023 ya superó al total de 2022.
El Ejército, en coordinación con las autoridades de migración, detuvo a 627,267 migrantes entre enero y junio de 2023.
En su informe del 2022, La Guardia Nacional (GN) detuvo a 432% más migrantes en comparación con el año 2021
Como parte de esas labores de contención, la corporación detuvo en el 2022 a 177 mil 166 extranjeros durante su tránsito por el país hacia la frontera con Estados Unidos. En 2021, reportó 31 mil 494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Para este 2023 se prevé que la cifra por lo menos se duplicará.
Las estaciones del INM, que actuales dirigentes, gobernadores y legisladores de Morena habían prometido como candidatos desaparecer al calificarlas de “cárceles migratorias”, se mantienen intactas y por el contrario están bajo el mando en su mayoría por militares y marinos bajo el argumento de López Obrador que son “incorruptibles y eficientes” . La tragedia en Ciudad Juárez se dio el contraalmirante Salvador González Guerrero al frente del instituto en esa ciudad fronteriza. A pesar de ello, el Presidente persistió en la militarización.
En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador persiste la militarización de la política migratoria que impulsó con el pretexto del combate a la corrupción y donde mantiene a 18 generales, contralmirantes, vicealmirantes y otros mandos castrenses, un porcentaje investigados por la Función Pública por abusos, acoso y corrupción como titulares del Instituto Nacional de Migración (INM) en igual número de estados, todos ellos sin experiencia ni capacitación en derechos humanos, ni temas migratorios, ni control de crisis.
