abril 25, 2024 8:28 am

Luis Carlos Rodríguez
De las fosas clandestinas con cientos de migrantes en San Fernando en 2010 en el gobierno de Calderón a la masacre de Camargo donde calcinaron guatemaltecos y el secuestro diario de extranjeros en el mandato de López Obrador, son parte de un “delito endémico” donde los grupos criminales y las autoridades de los tres niveles, principalmente del INM, participan o por lo menos solapan.
El secuestro, desaparición y masacres contra migrantes son un delito “endémico” en México en donde hay subregistro de los casos, corrupción que involucra a funcionarios de distintos niveles e impunidad ya que son contados los casos en que los delincuentes y sus cómplices son llevados ante la justicia, destacaron diversas organizaciones y activistas.
Después del caso de los 32 migrantes secuestrados a finales de 2023 en la carretera Matamoros-Reynosa cuando viajaban en un autobús y su posterior liberación en circunstancias poco claras, señalaron que los secuestros individuales y masivos de personas migrantes están lejos de ser “atípicos”, como lo refirió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Expusieron en un informe que “el secuestro, desaparición y masacres de personas migrantes, algunas con necesidades de protección internacional, en Tamaulipas y otras regiones del país no han cesado en más de una década” y que existe un subregistro de los casos por parte de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Política Migratoria de la Segob ante un delito “endémico” en el país.
Muestra de ello están otros dos secuestros masivos ocurridos en San Luis Potosí, en abril y mayo de 2023, con 23 y 50 víctimas de origen migrante. Albergues de la entidad han denunciado que desde principios de diciembre de 2023, cerca de 10 autobuses han sido asaltados en la región.
Organizaciones como la Fundación para la Justicia (FJEDD); el Instituto para las Mujeres en la Migración; Sin Fronteras IAP; Comité de Familiares de Migrantes y la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, entre otros, exponen que la “mayoría de los delitos que sufren las personas migrantes no son denunciados, ya sea por falta de confianza en las autoridades, por temor a represalias o por falta de conocimiento de la existencia del Mecanismo de Apoyo Exterior”.
Pese a la gran dimensión del problema, la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) sólo tiene registro de 38 denuncias por el delito de secuestro contra personas migrantes, entre 2016 y 2022, mientras que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación registró, entre enero y noviembre de 2023, 94 casos de secuestro, lo que con base en estadísticas levantadas entre las personas migrantes que son detenidas por el refleja el subregistro de casos y la falta de visibilización de una problemática endémica.

Las organizaciones argumentan que la corrupción de las autoridades es la clave de la impunidad de los secuestros de migrantes en México que en su inmensa mayoría no se investigan, a menos que exista presión de otras naciones.
“La impunidad y la falta de investigación de las autoridades involucradas, como el INM, cuya complicidad con las redes criminales es imprescindible para que los delitos en contra de población migrante sean posibles. Si no se investiga a los agentes del Estado coludidos, hay una alianza que garantiza el éxito del crimen organizado”.
Exponen que la participación de agentes migratorios del INM en casos de secuestro y extorsión no es investigada y mucho menos sancionada, a pesar de que testimonios de víctimas y albergues han denunciado desde hace muchos años.
Incluso, en el caso de la Masacre de Camargo, donde fueron calcinados 17 migrantes guatemaltecos al inicio del gobierno de López Obrador, la FGR abrió una investigación en contra del INM sin que se conozcan los avances o resultados.

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