Retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, firmado en febrero de
1996
La reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos
de derechos, es una oportunidad para resarcir la deuda histórica del Estado mexicano con estas
comunidades, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera.
Aseguró que la propuesta que presentó el titular del Ejecutivo Federal retoma casi la totalidad
de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron
el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 16 de febrero de
1996, permitirá desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la
invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios.
En un artículo que publicó el pasado 15 de febrero en un diario nacional, la legisladora explicó
que, en 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al Presidente
de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos
indígenas y afromexicanos.
Dijo que este proyecto fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados
por el INPI, cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por
el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales.
La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada del EZLN, recordó que el pasado 16 de
febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, luego de un amplio proceso de
análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos
indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de
todo el país.
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Sin embargo, esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de Ley Cocopa y, en 2001, una
versión modificada se convirtió en la Ley Indígena, que “traicionaba los puntos esenciales de
los Acuerdos de San Andrés: los derechos a la autonomía y al territorio”.
Ana Lilia Rivera señaló que en ese entonces sólo se reconocía a los pueblos originarios como
entidades de interés público, “es decir, los mantenía en una situación de pasividad ante el
paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin
poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios”.
Desde entonces, agregó la legisladora, numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos
de San Andrés como horizonte de lucha y principal documento político para exigir una nueva
relación con el Estado.
Con estos antecedentes, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que la iniciativa del
Ejecutivo Federal para modificar el artículo 2 de la Constitución les reconoce el derecho a la
libre determinación y autonomía, sus sistemas normativos internos, educación indígena,
intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y
culturas indígenas.
Subrayó que también incluye la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de
su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la partería, la
participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida
comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados.
Además del acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las
comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones
jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la
consulta libre, previa y culturalmente adecuada.
También el reconocimiento de su capacidad jurídica para impugnar medidas legislativas o
administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Además, afirmó la senadora, el
proyecto reconoce el trabajo comunitario como parte de su organización sociocultural, lo cual
es una innovación en la historia de la legislación indígena.
