ONG´s presentan plan para frenar militarización de ruta migrante
La prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio; la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad
- En 2024 se incrementó detención de migrantes con 828,505 casos
Redacción
Ciudad de México, 16 oct. (AMEXI).- Una veintena de organizaciones presentaron el documento “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024 – 2030” donde se plantea al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión, frenar la militarización de la ruta y política migratoria, así como la prisión y criminalización de las personas en tránsito en el país.
Se destacó que durante su tránsito por el país miles de personas se enfrentan a la contención que el Estado mexicano aplica a través del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y otros cuerpos militares o policiales.
“El incremento de retenes y puntos de control migratorio las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que las deja a merced del actuar de los grupos criminales, viajando por vías más inseguras, hacinadas en tráileres, y expuestas a ser víctimas de extorsión, secuestro, tráfico y trata de personas”.
México ha experimentado un incremento en la detención de los flujos migratorios y solicitudes de asilo en la última década. De acuerdo con la Camisón Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2014 recibió 2,137 solicitudes de asilo; para 2021 se convirtió en el tercer país en el mundo con mayor número de solicitantes (131,000); y para 2023 fueron 140,812 solicitudes.
Mientras que la Secretaría de Gobernación señala en sus estadísticas que en 2014 se registraron 127,149 eventos de detención migratoria, y para 2023, 778,907. De enero a julio de 2024 van 828,505, 262% más que en el mismo periodo de tiempo de 2023.
La propuesta fue busca colocar en el centro de la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el exterior.
Entre los ejes destacan la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad humana sean respetados, protegidos y garantizados; el fortalecimiento del sistema de asilo, con la garantía de que la entidad especializada cuente con autonomía y capacidad institucional para responder a los nuevos retos.
Asimismo, la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y puesta en marcha de medidas que garanticen la libertad de las personas durante cualquier procedimiento administrativo o de asilo en territorio mexicano.
La prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio; la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; y la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo, y atención integral a la violencia basada en género, por mencionar algunos.
Entre otras organizaciones no gubernamentales que impulsan esta nueva política migratoria destacan el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas.
