La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a fin de que establezcan lineamientos obligatorios que garanticen una atención digna y accesible para las personas adultas mayores con problemas de movilidad.
Ello antes las denuncias de maltrato, pero también a que se han documentado múltiples casos en los que bancos exigieron la llamada “prueba de vida” es decir la presencia física de adultos mayores postrados en camillas o en estado de salud crítico, incluso cuando sus familiares presentaron certificados médicos.
La senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo donde expone que entidades como Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México, San Luis Potosí y Oaxaca, personas de entre 75 y 96 años fueron trasladadas en camilla o ambulancia para realizar trámites tan básicos como el cobro de una pensión o la reactivación de una cuenta.
La legisladora denunció que esta práctica por parte de las instituciones financieras constituye una violación a derechos fundamentales como la certeza jurídica, el trato igualitario y el acceso efectivo a servicios esenciales.
Señaló que, si bien la CONDUSEF ha emitido principios orientadores para la atención de personas adultas mayores, como la simplificación de trámites y la atención sin discriminación, estas disposiciones no son obligatorias ni aplicadas de manera uniforme por la banca.
Por ello, propuso que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitan protocolos y reglas de carácter obligatorio que permitan a los adultos mayores con problemas de movilidad acceder a sus servicios financieros sin arriesgar su salud ni su dignidad.
