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Redacción
A pesar de que desde hace 40 años aparece en los organigrama de los cárteles como uno de los capos más importantes y buscados en México y Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada nunca ha pisado una cárcel y hasta ahora era un narco intocable y cabeza del poderoso Cártel de Sinaloa.
La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y el Departamento de Estado, ofrecían una recompensa de 20 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a la captura del capo sinaloense, de quien se han escrito y cantado decenas de narco corridos.
Ha sido en los gobiernos del PRI, PAN y ahora de Morena un “narco intocable” y también se le conoce como el “Señor de la Montaña”.
Su carrera delictiva inicia en los años ochenta cuando pasa de ser un agricultor con ambiciones a formar parte de la cúpula del narcotráfico mexicano. El Mayo llegó a la cúspide en 1989, cuando detuvieron al capo, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Su nombre aparece en los expedientes de inteligencia de Estados Unidos desde hace 40 años. Desde su adolescencia empezó su vida como narcotraficante. Actualmente tiene 76 años y había sido detenido por los cargos en los que actualmente se le acusa.
De acuerdo a su ficha de búsqueda, es un hombre de 1.75 metros y 75 kilos. “El Mayo” fue cofundador del Cártel de Sinaloa junto aJoaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, preso en los Estados Unidos.
Diversas Cortes de Distrito de Norteamérica han iniciado indagatorias contra Zambada García por dirigir una organización criminal, conspiración, homicidio, lavado de dinero, fabricación y distribución de drogas.
En los últimos años se le ha responsabilizado, junto con los llamados “Chapitos” de la la producción, distribución, tráfico y venta de fentanilo.

Redacción

Ciudad de México, 23 jul. (AMEXI).- En el informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas” se documenta 27 casos con cientos de víctimas en 12 estados con la la existencia de una red que opera con patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar.

La violencia registrada es inusual y extrema, involucra rituales, escenificaciones, disfraces y constantemente se registra el uso de cámaras durante las agresiones, ello con total impunidad porque ni la FGR, ni la SEP han sancionado a ningún profesor o trabajador de jardines de niños y primarias públicas a tres años de las primeras denuncias.

Se dan a conocer que en las agresiones dentro de las escuelas documentadas participan grupos de personas agresoras organizadas para violentar sexualmente a múltiples víctimas en preescolares y primarias.

El informe documenta casos litigados por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en representación de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual organizada en escuelas, además de documentación de casos a través de peticiones de acceso a la información y revisión hemerográfica.

En su tercer actualización los casos identificados son notablemente distintos de los miles de lamentables casos de abuso sexual infantil cometido por un integrante del personal docente o administrativo en contra de alumnos.

El Reporte destaca que, mientras en 2021 se contabilizaron 18 escuelas en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada, en 7 estados de la república, en 2024 se ha llegado a 27 casos documentados, en 12 estados de la república.

Además, que a pesar de que en Agosto de 2023 la SEP recibió una orden judicial que, entre otras exigencias, señala 6 acciones específicas para la no repetición de este tipo de delitos, la Secretaría no les ha dado cumplimiento.

Entre otros aspectos, se sigue sin establecer las condiciones institucionales para que sea transparente la plantilla docente y administrativa de las escuelas; y tampoco se pueden conocer los procedimientos de contratación; ni la información de las trayectorias laborales del personal escolar.

También subraya que, aunque a partir del 2021 con la publicación del informe Es un secreto.

La explotación sexual infantil en escuelas, se logra que la Fiscalía General de la República inicie una carpeta de investigación sobre el total de los casos denunciados para ese entonces, a 3 años del inicio de esa investigación no se tiene un solo elemento de información útil para entender cómo, de manera reiterada en diversos estados de la república, se contratan a personas que delinquen conjuntamente dentro de un mismo plantel escolar.

Este reporte demuestra que a pesar de que el informe logró abrir el debate y la indignación sobre la explotación sexual organizada de niñas y niños en escuelas, los casos aumentaron.

La FGR no ha realizado investigaciones diligentes que permitan esclarecer que en las escuelas coincidan y actúe conjuntamente y de forma coordinada su personal para cometer estos delitos, menos aún cómo es que esto pasa en al menos 27 escuelas en 12 estados de la república.

A pesar de que la SEP cuenta con una orden judicial para prevenir la repetición de estos delitos, esta institución no ha acatado las órdenes judiciales.

The Exodo
Miles de colombianos siguen cruzando naciones de Centroamérica y México para tratar de llegar a Estados Unidos, un porcentaje de ellos realizan la travesía en medio del acecho del crimen organizado transnacional, de extorsiones y detenciones de agentes migratorios y militares, así como del abandono de su gobierno y de autoridades de la región.
Tan sólo en 2023 se calcula que alrededor de unos 16, 000 migrantes colombianos cruzaron el Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, con destino a Estados Unidos, lo que representa un aumento del 214 %, revela un informe de la Defensoría del Pueblo del país cafetalero.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) revela que “el crimen organizado controla la ruta migratoria a través de Colombia. Desde los cruces informales o trochas en la frontera con Ecuador hasta cada paso del camino a través de la selva del Darién a Panamá, son controlados por grupos criminales”.
Dicho control se divide entre varios grupos cerca de Ecuador y se concentra en un grupo poderoso—el Clan del Golfo— en la región colombiana del Darién.
Las ganancias que extraen de las personas migrantes son actualmente, junto con la cocaína y la extracción ilícita de metales preciosos, la principal fuente de ingresos de los grupos armados y criminales de Colombia, algunos de los cuales son considerados por el Comité Internacional de la Cruz Roja como actores del conflicto armado.
La investigación realizada por Adam Isacson expone que el Estado colombiano está ausente de ambas zonas fronterizas. “Esta es una realidad que hemos observado en viajes de investigación anteriores en muchas de las zonas de conflicto armado y cultivos ilícitos en Colombia”.
El gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para gestionar los f lujos de migración, determinar quién pasa o proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. En todos los niveles de gobierno, los organismos responsables están mal coordinados y rara vez presentes.
Los puntos de control, patrullas y detenciones son poco frecuentes, así como los servicios humanitarios y el acceso a la protección. A pesar de los ambiciosos planes para “fortalecer al Estado” en zonas de conflicto —el más reciente, siendo el acuerdo de paz de Colombia de 2016—, en los puntos clave a lo largo de la ruta migratoria hay un vacío estatal que es llenado por grupos armados y grupos criminales.
“Colombia se enfrenta al reto de integrar a personas migrantes y refugiadas venezolanas. A la luz del deterioro masivo de la situación en Venezuela, la respuesta humanitaria de Colombia a las personas venezolanas forzadas a huir sigue siendo más completa y generosa que la de la gran parte de Sudamérica”.
Sin embargo, la trayectoria reciente del gobierno colombiano es preocupante. Ahora es más difícil para las personas venezolanas —especialmente para las recién llegadas— obtener documentación y acceder a servicios en Colombia.
Las vías para obtener la residencia permanente, incluido el asilo, son muy escasas. Dado el retraso en estos procesos y la dificultad en integrarse, hay más que se embarcan en el peligroso viaje hacia el norte.
“Esta realidad tiene un impacto diferenciado y más grave en mujeres adultas, que sn más de una cuarta parte de las personas que transitan por Colombia, o que buscan instalarse en el país — especialmente mujeres cabeza de familia— y otra cuarta parte correspondiente a la población infantil”.
Algunos países recurren a medidas de bloqueo, detención y deportación que disuade a pocos migrantes y crea grandes oportunidades para el crimen organizado, los traficantes de personas y los funcionarios corruptos que los habilitan.
Pero Colombia se inclina por otra opción: hacer poco o nada, con una presencia estatal mínima, dejando un vacío que los grupos armados y criminales están llenando.