Luis Carlos Rodríguez González/The Exodo
Perseguidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, en ocasiones detenidos a punta de pistola y obligados a firmar su deportación “voluntaria” con la amenaza “sino firmas hoy no comes” o con el encierro en estaciones migratorias por varios meses, miles de hondureños, hombres, mujeres y niños, son detenidos en México y deportados a su país.
Sin muro fronterizo en el sur de México y sin la retórica antinmigrante de Donald Trump, pero más eficaz en los hechos, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya superó al del presidente estadunidense ya que de acuerdo al Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) en 2017 un total de 48 mil 020 hondureños fueron deportados.
El informe hecho público en la plataforma digital de la dependencia precisa que las autoridades migratorias de México deportaron en 2017 a 26 mil 991 hondureños de los cuales 22 mil 517 son mayores de edad y 4 mil 474 son niños.
En contraparte las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron sólo a 20 mil 841 hondureños, entre ellos 20 mil 643 adultos y 198 menores de edad. Es decir 5 mil 802 menos deportados que los que logró México en 2017 a través de su Plan Frontera Sur.
El informe difundido en México por el Movimiento Migrante Mesoamericano añade que las autoridades hondureñas estiman que anualmente unos 100 mil connacionales salen del país con el objetivo de establecer su residencia en otros país, principalmente Estados Unidos.
· A punta de pistola algunas de las detenciones
El Movimiento Migrante Mesoamericano y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado que en 2017 se recrudeció la violencia en contra de los migrantes centroamericanos que cruzan por México, no sólo por parte del crimen organizado que los secuestra, extorsiona y en ocasiones desaparece. También por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente del Instituto Nacional de Migración, la versión mexicana de la “Border Patrol”.
Sólo un ejemplo. Testimonios de migrantes relatan que en territorio veracruzano, cerca de la zona de Tierra Blanca, el personal del Instituto Nacional de Migración coloca retenes, acciona armas de fuego e ingresa a propiedades privadas incluso con autos particulares.
“Veníamos en el tren y la gente nos comunicaba que estaba el retén adelante y sí fue cierto, había seis retenes, un carro civil rojo y una camioneta blanca, lo que alcancé a mirar, y después cuando pararon el tren todo mundo corría y de pronto tenía rodeado el tren”.
“Se escuchó un disparo y uno de los compañeros gritó que se supone que no portaban armas. Se escucharon dos o tres disparos más y ahí sí nosotros corrimos”, aseguró Jair, migrante hondureño
A él y otros de sus compañeros que viajan desde Honduras buscando llegar a Estados Unidos, a bordo del tren conocido como “La Bestia” les tocó uno de los retenes que coloca el Instituto Nacional de Migración con camionetas que portan sus logotipos y personas que llevan los uniformes.
Según lo relatado por los migrantes, el retén se coloca en las vías del tren por lo que la máquina debe bajar la velocidad y detenerse por completo. En ese momento, el grupo de 50 migrantes aprovechó para tirarse y correr rumbo a los cañales que rodean el área.
“Hay gente de migración en todos los cañales -surcos de tierra- esperando que si uno le pasa agarrarlos, pero no sólo le pasa con corretearnos afuera sino que se meten dentro de los cañales con los carros y abren caminos, abren caminos con los carros, te corretean, te tiran con unas pistolas eléctricas, de todo”, indicó otro de los migrantes, cuyo relato fue compartido por el Movimiento Migrante Mesoamericano en sus redes sociales.
· Reclama Embajador de Honduras crimen de policías en México contra migrantes.
En los primera semana de enero de este 2018 el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, exigió a las autoridades mexicanas que esclarezcan el asesinato de dos migrantes hondureños supuestamente a manos de policías mexicanos.
“Como embajada hemos hecho todas las gestiones para asegurarnos de que se identifique con plenitud quiénes son las personas que cometieron este asesinato porque es un asesinato”, argumentó Rivera al noticiero Diario del Aire de Radio América.
Agregó que espera que las autoridades “juzguen a las personas con todas las normativas jurídicas mexicanas, podamos utilizar las previsiones que están enmarcadas en la Ley de Victimas para quedar satisfechos y que este caso no quede en la impunidad”.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, cerca de la carretera federal Ocozocuautla – Las Choapas y de acuerdo al relato de los testigos, los migrantes de nacionalidad hondureña eran transportado en un carro cuando recibieron una señal de parada de una patrulla y al no detenerse, los oficiales decidieron disparar y se acercaron cuando el vehículo se detuvo, se dieron cuenta que habían asesinado a las dos personas y luego desaparecieron de la escena.
La versión establece que aparentemente agentes mexicanos dieron una orden de alto que ignoró el conductor y comenzaron a disparar.
Los disparos provocaron la muerte de un migrante de 50 años, una mujer quedó herida y el niño con un disparo en la cabeza quien murió 24 horas después en un hospital de Tuxtla Guiterrez, Chiapas. El menor fue identificado como Óscar Ramón de 10 años de edad que intentaba llegar a Estados Unidos para reencontrarse con su madre. www.theexodo.com
