En México y a pesar de que hace cuatro años se aprobó una reforma que prohíbe el matrimonio infantil, en los hechos esa práctica ligada más a la trata de personas y a la esclavitud que a los llamados “usos y costumbres” en comunidades indígenas y rurales, persiste ya que la menores en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, por mencionar algunos son negociadas a cambio de una vaca, de cartones de cerveza, de parcelas o de cifras que van de los 25 mil a los 150 mil pesos, para unirse casi siempre con adultos.
En julio del 2022, apenas hace un año, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero denunció el caso de Celia, niña 14 años, víctima de matrimonio forzado. Ella es madre de un bebé, fue encarcelada con una hermana por la policía comunitaria, que funciona irregularmente en Cochoapa El Grande. Su suegra la acusó por haber abandonado a su hijo y la demandó por una deuda de 160 mil pesos, que corresponde a la cantidad que pagaron por ella.
Ante ello, el Senado de la República aprobó el pasado 18 de octubre una reforma que busca erradicar esa nefasta práctica que convierte a las niñas en esclavas de sus parejas, ya que aún sin casarse, ya que el Código Civil Federal quedó establecido como requisito para casarse que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad, 18 años, las uniones se siguen realizando con el contubernio de padres, familiares y autoridades municipales.
De acuerdo a un estudio de la Cámara de Diputados “no cesa la venta de niñas a cambio de dinero o mercancías, o animales como una vaca, guajolotes, cartones de cerveza. Las niñas son entregadas, en la mayoría de los casos, a hombres mayores”.
“El matrimonio infantil forzado esconde otros rostros: la trata de personas y esclavitud infantil. Las niñas-esposas se convierten en niñas-esclavas, porque son explotadas, de sol a sol, por la familia política que las compró. Son mercancía adquirida”.
El Senado aprobó hace unos días una reforma que prohíbe la venta, cesión o regaló de niñas y adolescentes con fines matrimoniales, sobre todo en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, donde este tipo de prácticas son comunes.
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”, señala la reforma turnada al Ejecutivo Federal para su publicación.
Hace siete años, cuatro de cada cinco niñas se casaban antes de cumplir 18 años, según el estudio Girls not Brides, de la organización Save the Children. Asimismo, 6.8 millones de mujeres de entre 15 y 54 años se unen antes de los 18 años. El informe habla de México.
Entre las consecuencias de las uniones de menores, niñas, casi siempre con adultos en algunos lugares de México, sobre todo en zonas rurales, indígenas, pero también las periferias de las ciudades están violaciones, abusos y violencia; enfermedades sexuales en las niñas; embarazos, debido a que se les prohíbe el uso de anticonceptivos o sencillamente no los conocen; muerte durante el parto, debido a la temprana edad; alto riesgo de fallecimiento del bebé durante el primer mes de vida.
Los estados de México con alta frecuencia del matrimonio infantil son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Chihuahua.
Otros estados donde se han detectado casos son Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora.
